EL GOBIERNO ABRE EN SECRETO Y SIN ORDEN JUDICIAL LOS OSARIOS ENTERRADOS EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS

Un equipo de forenses entró en las tumbas del Valle de los Caídos los días 6 a 9 del mes pasado. Las familias que habían solicitado la exhumación de restos estuvieron presentes en la basílica mientras se abrió la cripta, aunque Vicepresidencia del Gobierno les dijo que no podían hacer pública su visita ni hablar con la prensa. El estado de los osarios es «inviable», y por tanto su identificación no es posible, les comunicó el Ejecutivo. El gobierno ha reconocido que se han realizado «catas» en los osarios.

No hubo orden judicial ni mandato por parte de un juzgado. Ni siquiera los monjes benedictinos que residen en el monumento fueron informados de que se iba a abrir el osario, en el que se encuentran restos de 40.000 personas. Sólo nueve familias habían reclamado los cuerpos de sus seres queridos, nueve republicanos ajusticiados durante la Guerra Civil y trasladados al mausoleo sin el conocimiento de sus familiares.

Una vez que la vía judicial se estancó, estas familias acudieron al Ministerio de la Presidencia, donde presentaron un proyecto para recuperar los cuerpos. Pero su petición fue denegada y el Gobierno comunicó públicamente el 16 de septiembre que no se procedería a la exhumación de restos del Valle de los Caídos. El estado de los osarios es “inviable”, y por tanto su identificación no es posible, comunicó el Ejecutivo a los familiares que lo habían solicitado. En esa fecha los forenses llevaban ya más de una semana buscando en los osarios.

Los expertos accedieron a los seis osarios de las capillas laterales del templo y a los dos más grandes de tres plantas cada uno y perpendiculares al altar central. Los cuerpos se encuentran apilados en cajas de madera con un número de registro; miles de ellos están en cajas comunes con restos de seis o siete personas identificados por su lugar de procedencia.

Es prácticamente imposible separar e identificar los restos mortales

Los forenses comprobaron que los cofres se han podrido por la humedad y que es prácticamente imposible retirar un cuerpo determinado, o una caja independiente de otra. Los restos están mezclados y no es posible distinguir unos de otros. El problema reside en que la Ley de Memoria Histórica cuenta con un presupuesto de 60.000 euros, el precio de un análisis de ADN con garantías judiciales es de 400 euros y los enterrados en el Valle de los Caídos son miles.

La bandera de España que se encuentra dibujada en los frescos de la cúpula de la basílica sobre piedra troquelada está tapada con una gran tabla de madera, dado que no fue posible borrarla con ningún tipo de disolvente. La Ley de Memoria Histórica prohíbe la exhibición de símbolos predemocráticos en cualquier espacio público. Una norma que afecta al Valle de los Caídos, donde no se puede entrar con la bandera española ni siquiera con el emblema constitucional.

El Gobierno reconoce los hechos

Hoy mismo, el Gobierno ha reconocido que "hace meses" que se han iniciado estudios forenses en los osarios que se encuentran en el Valle de los Caídos, lo que científicamente denomina "catas", y cuyo objetivo es estudiar la viabilidad para identificar los cuerpos.

Según fuentes de Vicepresidencia, el Gobierno se ha tomado muy en serio las actuaciones que demandaban los familiares, que desde hace años piden la identificación de los cuerpos enterrados en el Valle.